Bloqueados proyectos de hidrocarburos en La Paz
Entre la indiferencia de los gobiernos y la falta de vías de penetración al norte de La Paz, la exploración y explotación de hidrocarburos en este departamento se viene estancando prácticamente por un siglo. En esta cadena de dificultades, ahora son los pueblos originarios quienes se oponen a dicho emprendimiento, como han decidido en una reunión efectuada hace unos 15 días, sin que sean conocidos los motivos, aunque se los debe vincular al aspecto ecológico bajo la influencia de determinadas Organizaciones No Gubernamentales, las que han penetrado a los propios organismos del Estado en materia ecológica y del medio ambiente.
La interferencia originaria se produce cuando Petroandina (YPFB-PDVESA) tiene a su cargo 500.000 hectáreas en el norte del departamento con la finalidad señalada y el mismo YPFB tiene otro convenio con el consorcio GTLI-Jindal en relación con un millón de hectáreas en la cuenca del río Beni, abarcando regiones del norte paceño. Como el Primer Mandatario a poco tiempo de asumir su alto cargo ofreció que a la vuelta de dos años se debería iniciar la producción petrolífera en La Paz, bajo alternativa de renuncia, no pudo menos que lanzar públicamente su queja contra la señalada manipulación de las ONGs. Sin embargo no deja de ser raro que manteniendo su Gobierno buenas relaciones con esos organismos financiados desde el exterior y cuyos miembros principales forman parte del Poder Ejecutivo, no se pueda revertir esa injerencia perjudicial y contraria al desarrollo económico, por consiguiente, obstruccionista de los planes del Gobierno.
No deja de ser oportuno recordar -como lo hizo un connotado analista- que paradójicamente se presenta un panorama similar al que confrontó cruentamente el Perú hace poco, por la oposición virulenta de los pueblos amazónicos a parecidos proyectos petrolíferos en el vecino país. Tal situación fue duramente criticada por el presidente Evo Morales, al extremo de poner en inminente peligro la continuidad de las buenas relaciones que tradicionalmente se mantuvo con la hermana nación. El escenario se reproduce ahora en casa, por así decirlo. Se trata de otra prueba entre dar un paso económico prometedor, que mucha falta le hace a la actual administración, o ceder ante las exigencias de los originarios, quienes tienen a su favor disposiciones de la nueva Constitución que alientan su posición, alejando la inversión y el progreso como única vía de salida para el bienestar colectivo, si bien, en este caso, el directo perjudicado es una vez más el departamento de La Paz.
Si las exploraciones de diversos investigadores y consorcios datan de 1920 y 1940 en las provincias del norte paceño y se reavivaron desde la década de los años 70 hasta el presente, y se persiste pese a determinados resultados negativos en pozos como los de Liquimuni, Tacuaral y algún otro, quiere decir que existen elocuentes indicios de la presencia de hidrocarburos en dicha región. No obstante, todos los empeños desde los 70 chocaron con la cortapisa de la “licencia ambiental” a cargo de funcionarios infiltrados, como se indicó. Cuando se venció tan sugestivas objeciones habían transcurrido por lo menos dos años o más. Al presente se tropieza con idénticas dificultades a lo cual se añade que contratos como los nos ocupan, esto es, de YPFB con los mencionados consorcios deben ser aprobados por la futura Asamblea Plurinacional, seguramente después de hacer una larga fila con sabe Dios cuántos otros asuntos. Esta es una historia más de que la pobreza y atraso que sufrimos es obra de nosotros mismos.
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La interferencia originaria se produce cuando Petroandina (YPFB-PDVESA) tiene a su cargo 500.000 hectáreas en el norte del departamento con la finalidad señalada y el mismo YPFB tiene otro convenio con el consorcio GTLI-Jindal en relación con un millón de hectáreas en la cuenca del río Beni, abarcando regiones del norte paceño. Como el Primer Mandatario a poco tiempo de asumir su alto cargo ofreció que a la vuelta de dos años se debería iniciar la producción petrolífera en La Paz, bajo alternativa de renuncia, no pudo menos que lanzar públicamente su queja contra la señalada manipulación de las ONGs. Sin embargo no deja de ser raro que manteniendo su Gobierno buenas relaciones con esos organismos financiados desde el exterior y cuyos miembros principales forman parte del Poder Ejecutivo, no se pueda revertir esa injerencia perjudicial y contraria al desarrollo económico, por consiguiente, obstruccionista de los planes del Gobierno.
No deja de ser oportuno recordar -como lo hizo un connotado analista- que paradójicamente se presenta un panorama similar al que confrontó cruentamente el Perú hace poco, por la oposición virulenta de los pueblos amazónicos a parecidos proyectos petrolíferos en el vecino país. Tal situación fue duramente criticada por el presidente Evo Morales, al extremo de poner en inminente peligro la continuidad de las buenas relaciones que tradicionalmente se mantuvo con la hermana nación. El escenario se reproduce ahora en casa, por así decirlo. Se trata de otra prueba entre dar un paso económico prometedor, que mucha falta le hace a la actual administración, o ceder ante las exigencias de los originarios, quienes tienen a su favor disposiciones de la nueva Constitución que alientan su posición, alejando la inversión y el progreso como única vía de salida para el bienestar colectivo, si bien, en este caso, el directo perjudicado es una vez más el departamento de La Paz.
Si las exploraciones de diversos investigadores y consorcios datan de 1920 y 1940 en las provincias del norte paceño y se reavivaron desde la década de los años 70 hasta el presente, y se persiste pese a determinados resultados negativos en pozos como los de Liquimuni, Tacuaral y algún otro, quiere decir que existen elocuentes indicios de la presencia de hidrocarburos en dicha región. No obstante, todos los empeños desde los 70 chocaron con la cortapisa de la “licencia ambiental” a cargo de funcionarios infiltrados, como se indicó. Cuando se venció tan sugestivas objeciones habían transcurrido por lo menos dos años o más. Al presente se tropieza con idénticas dificultades a lo cual se añade que contratos como los nos ocupan, esto es, de YPFB con los mencionados consorcios deben ser aprobados por la futura Asamblea Plurinacional, seguramente después de hacer una larga fila con sabe Dios cuántos otros asuntos. Esta es una historia más de que la pobreza y atraso que sufrimos es obra de nosotros mismos.
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