miércoles, 16 de junio de 2010

INDÍGENAS PIDEN ADMINISTRAR PARQUES NATURALES

Resolución: La CIDOB, CSUTCB, CSCIB, y Conamaq solicitan la promulgación de un decreto para administrar las 22 áreas protegidas del país.
Cuatro organizaciones nacionales de indígenas y campesinos piden respeto a la consulta indígena para la exploración y explotación de los recursos naturales, la administración de las 22 áreas protegidas del país y una reunión con el presidente Evo Morales.
El viceministro de Medio Ambiente y Áreas Protegidas, Juan Pablo Ramos, en entrevista con La Prensa, dijo que la norma para la administración de los parques aún está en análisis. “Un paso importante va a ser la gestión compartida, es la participación de las organizaciones sociales en el control en la gestión de las áreas protegidas, cuando lleguemos y alcancemos este proceso, vamos a garantizar el cuidado y la conservación de las áreas”. Aunque consideró que el tema es complicado, pues representa “casi el 21 por cierto” del territorio boliviano. 


El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) denunció el miércoles que el presidente Evo Morales tiene la intención de eliminar la consulta para la explotación de recursos naturales en territorio indígena.
Al día siguiente, el vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que el Gobierno es el defensor de la consulta y negó que se planee eliminar el tema, aunque adelantó que no permitirán que se frene la industrialización del país.
Las organizaciones que realizan las demandas son: la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) y del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).
Ellas se reunieron el jueves y viernes en La Paz. Allí determinaron exigir “el cumplimiento estricto de la consulta previa, libre e informada acerca de todos los proyectos impulsados por el Estado Plurinacional y de todas las normas establecidas vigentes, en especial aquellos que se relacionan con las acciones que ya vienen generando conflictos”.
El presidente de las 22 áreas protegidas, Eustaquio Sullca, aseguró que “en todas las áreas (protegidas) se están haciendo, por encima de las organizaciones, decisiones y proyectos (carreteros e hidrocarburíferos), y nosotros no sabemos nada”. Dijo que los ministros que manejan estos temas no se reúnen con ellos para la consulta.
Los habitantes de esas reservas exigen la inmediata aprobación del proyecto de Decreto Supremo de Gestión Territorial con Responsabilidad Compartida (DS de GTRC) que fue trabajado por las cuatro organizaciones desde hace tres años. Según Sullca, con esta norma podrán ser parte de la administración de las áreas, “entonces nosotros vamos a administrar (las áreas), control social queremos hacer”.
Las organizaciones denuncian el avasallamiento de las empresas, falta de procesos de consulta, contaminación por residuos hidrocarburíferos, explotación ilegal y pérdida de biodiversidad.
También cuestionan los megaproyectos del Ejecutivo como la construcción de la carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos, ruta transpantanal, Apolo-Ixiamas; túneles como en Aguaragüe de Tarija y represas hidroeléctricas, como el Bala y el Río Madera. Para ellos, el Gobierno no resuelve los avasallamientos y asentamientos ilegales. También denunciaron una creciente deforestación de bosques.
Estos grupos solicitan dialogar con el mandatario Evo Morales.

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